mayo 07, 2022
En la ocasión, los mineros entregaron una carta a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, y luego en un acto desarrollado en las inmediaciones de la sede constitucional leyeron una declaración pública, en que señalaron que “lo aprobado por la Comisión de Medio Ambiente precariza nuestra actividad productiva que da empleo a miles de personas y es el sustento económico de muchas ciudades en el norte del país”.
En particular, los productores mineros reclaman la propuesta de término de las concesiones judiciales por autorizaciones administrativas y temporales. “Las concesiones judiciales dan garantía de imparcialidad, respeto y certeza. No entendemos la actitud de un grupo de constituyentes en insistir en esa modificación”, sostuvo Francisco Araya, máximo representante de las Asociaciones Mineras y Pirquineros Mineros de Chile.
Los voceros de la convocatoria criticaron que “los constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente no han disimulado su sesgo ideológico radical y anti minería”.
“Hacemos un llamado al pleno de la Convención Constitucional a rechazar estos artículos que afectan a la principal actividad productiva y a restablecer la certeza jurídica para nuestra actividad”, señaló Joel Carrizo, presidente del Sindicato de Pirquineros de Tierra Amarilla, quien además expuso en su oportunidad la Iniciativa Popular de Normas de Compromiso Minero y que fue rechazada sin ninguna argumentación y luego de una exposición de sólo 5 minutos.
DECLARACIÓN ASOCIACIONES MINERAS DE CHILE
Hemos querido manifestarnos frente al ex Congreso Nacional, donde funciona la Convención Constitucional, para manifestar nuestra profunda preocupación y decepción por lo que ha aprobado la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico en relación a la minería y que será votado mañana sábado por el pleno de la Convención.
El Estatuto Constitucional de los Minerales, propuesto por dicha Comisión, está totalmente alejado de principios esenciales que requiere nuestra actividad para operar, como es la certeza de que podremos seguir trabajando en el tiempo y nuestro trabajo podrá ser heredado a nuestras familias, cuya tradición minera traspasa generaciones.
Lo aprobado precariza el título minero y toda nuestra actividad productiva, que da empleo a miles de personas y es el sustento económico de muchas ciudades en el norte del país.
Si esto es aprobado, nuestra actividad morirá, dejando a miles de pequeños mineros y sus familias sin sustento, así como a la mayor parte de la Zona Norte del país sin actividad.
En particular, nos preocupa:
El término de las concesiones judiciales que se cambia por autorizaciones administrativas y temporales. Las concesiones mineras otorgadas por el Poder Judicial son uno de los aspectos que dan certeza a nuestra actividad, porque se evita todo tipo de discrecionalidad o arbitrariedad al ser otorgadas en orden estrictamente cronológico de presentación del respectivo pedimento o manifestación.
Las autorizaciones mineras que propone el informe no otorgarán propiedad, por lo que nuestra tradición familiar minera no podrá continuar.
La inclusión de la regalía mínima de un quinto del valor de venta de las sustancias o su equivalente, sin precisar a quienes afectará. De ser aprobada este artículo dejaría fuera de la actividad a muchos mineros, de todo tamaño.
El cambio de las concesiones mineras judiciales no fue algo solicitado en los movimientos sociales, tampoco por los mineros ni por el Poder Judicial. Hay consenso entre pequeños, medianos y grandes mineros de que las concesiones judiciales funcionan, y funcionan bien. Dan garantía de imparcialidad, respeto y certeza. No entendemos la actitud de un grupo de constituyentes en insistir en su modificación.
Creemos que quienes propician este cambio en la naturaleza de la concesión minera solo quieren destruir nuestra actividad. Los constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente no han disimulado su sesgo ideológico radical y anti minería.
Por ello, hacemos un llamado al pleno de la Convención Constitucional a rechazar estos artículos que afectan a la principal actividad productiva del país y a restablecer la certeza jurídica para nuestra actividad.
Hemos hecho entrega a la Convención Constitucional de una carta en que, junto con reiterar nuestra preocupación, expone los diferentes temas que ponen en peligro el desarrollo de la minería nacional.
La minería chilena –en sus distintos tamaños- ha jugado un rol clave en el desarrollo económico y social de Chile, y lo seguirá haciendo. Por eso solicitamos ser escuchados y no permitir que muera nuestra actividad.
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