Viernes 14 de Febrero de 2014.- Víctor Álvarez no quiso saber nada cuando se anunciaron reparaciones para las víctimas de los hechos posteriores al 11 de Septiembre de 1973, a pesar de haber sido detenido, exonerado y relegado en el norte del país, alejándolo de su familia por años, que vivía por aquel entonces en Domeyko. Su hija Ana, fue quien hizo los trámites para optar a los beneficios que incluyen, gratuidad en salud pública, a través del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos. Pero él aún no quiere saber nada.
“Estamos tratando de que se asista, sobretodo sicológicamente. Porque nunca ha hablado del tema, recién para el 11 de septiembre del año pasado comentó algo, pero muy vago. Dice que nada le va a devolver el daño causado”, comentó Ana, quien junto a sus hijos y su madre se atiende regularmente en el programa PRAIS, desde que se formó en la Provincia de Huasco.
“Además de atenciones clínicas, que son expeditas y rápidas, usamos mucho el sicólogo, porque el episodio nos dañó mucho a todos. Mi papá se tuvo que ir, nosotras nos cambiamos de casa, de ciudad, yo veía a mi papá apenas una vez a la semana y esa separación ha generado que sea muy aprehensiva con mis hijos. No quiero que se separen de mí, por lo que vamos todos al sicólogo”, dijo.
Como la familia de Ana, hay muchos casos similares. Varios de estos casos que no han accedido a la red de reparación existente para ellos, y que no se atienden a través del PRAIS en Atacama.
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